Más de 21.800 pensiones no contributivas quedan en suspenso mientras se revisan posibles irregularidades.
El Gobierno nacional decidió suspender 21.812 pensiones no contributivas por invalidez laboral, dando a los titulares un plazo de 30 días hábiles para presentar documentación que justifique la continuidad del beneficio. Esta medida sigue a una auditoría que reveló irregularidades médicas y patrimoniales.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, aclaró que esta acción no implica que los beneficiarios no tengan una incapacidad laboral, sino que falta información para validar su situación. Los afectados podrán presentar documentación médica y socioeconómica a través de la plataforma Trámites a Distancia o en las oficinas de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
Las suspensiones fueron impulsadas por el cruce de bases de datos que identificó a beneficiarios con bienes que podrían ser incompatibles con la naturaleza asistencial de las pensiones, incluyendo casos extremos como un beneficiario con un avión a su nombre.
