La iniciativa apunta a frenar delitos organizados desde el interior de los penales y propone modificar la ley vigente para restringir totalmente el acceso a dispositivos móviles.
Un proyecto que busca prohibir el uso de teléfonos celulares en todas las cárceles bonaerenses sumó el respaldo del espacio político Hechos en la Legislatura provincial, en un contexto de creciente preocupación por delitos organizados desde el interior de los penales.
La iniciativa lleva la firma de la senadora bonaerense María Emilia Subiza, junto a otros legisladores, y propone una modificación concreta de la Ley 12.256 de Ejecución Penal, incorporando restricciones expresas al uso de dispositivos móviles dentro del sistema penitenciario .
La propuesta, conocida como “Ley Rodrigo”, plantea impedir el ingreso, la tenencia y la utilización de teléfonos celulares, tarjetas SIM y cualquier otro dispositivo con conectividad inalámbrica dentro de las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Además, establece que las comunicaciones de las personas privadas de la libertad deberán realizarse exclusivamente a través de medios oficiales, controlados y registrados por la autoridad penitenciaria .
En ese marco, desde el espacio Hechos acompañaron el proyecto y remarcaron la necesidad de avanzar en medidas más estrictas de control dentro del sistema carcelario.
Entre los puntos principales, el texto legislativo también dispone la derogación de todas las normas o protocolos administrativos que actualmente permitan el uso de celulares en contextos de encierro, incluyendo las habilitaciones excepcionales implementadas durante la pandemia .
Asimismo, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá garantizar la instalación progresiva de sistemas tecnológicos de inhibición, bloqueo o detección de señales de telefonía celular e internet en las cárceles bonaerenses, respetando la normativa vigente en telecomunicaciones y sin afectar comunicaciones de emergencia .
En los fundamentos, se advierte que el uso de celulares en cárceles, habilitado originalmente como una medida excepcional durante la pandemia, se convirtió en una práctica extendida sin respaldo legal, generando —según se sostiene— un impacto directo en la seguridad pública. En ese sentido, se señala que desde las unidades penitenciarias se organizan estafas, extorsiones, amenazas y otros delitos, afectando especialmente a sectores vulnerables .
El proyecto también plantea que la prohibición no implica restringir el derecho a la comunicación, sino ordenar su ejercicio a través de canales institucionales controlados, como líneas fijas o sistemas digitales auditables, en línea con estándares de seguridad y legalidad.
El debate vuelve a poner en agenda el funcionamiento del sistema penitenciario bonaerense, el rol del Estado en el control de las comunicaciones y la necesidad de evitar que las cárceles se conviertan en plataformas para la comisión de delitos.
