El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e iniciaron el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Medio siglo después, el hecho se analiza en el marco de una Argentina atravesada por violencia política, crisis económica e inestabilidad institucional, y por los profundos efectos que dejó la dictadura.
El golpe militar del 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de un régimen que se extendió hasta 1983. La intervención de las Fuerzas Armadas se produjo en un contexto de fuerte deterioro político, social y económico, con enfrentamientos armados internos, crisis inflacionaria y debilidad institucional del gobierno constitucional.
Durante los años previos, la Argentina atravesaba una etapa de alta conflictividad. Organizaciones armadas como Montoneros y el ERP protagonizaban acciones guerrilleras, mientras grupos parapoliciales como la Triple A actuaban con violencia ilegal. El país vivía atentados, secuestros, asesinatos políticos y enfrentamientos que generaban un clima de creciente inseguridad y polarización que se tradujeron en la peor de las respuestas posibles.
A la violencia política se sumaba una profunda crisis económica. La inflación anual superaba ampliamente los tres dígitos, el déficit fiscal era elevado y la actividad productiva mostraba signos de deterioro. El llamado “Rodrigazo” de 1975, con fuertes aumentos de precios y tarifas, agravó la pérdida de poder adquisitivo y provocó protestas sindicales y conflictos sociales.
El gobierno de María Estela Martínez de Perón enfrentaba además divisiones internas, cambios constantes de gabinete y dificultades para sostener el control político. En ese escenario, sectores militares comenzaron a plantear la necesidad de una intervención, que finalmente se concretó con el derrocamiento del gobierno constitucional.
Tras el golpe, la Junta Militar integrada inicialmente por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti asumió el poder y disolvió el Congreso de la Nación, intervino las provincias, prohibió la actividad política y suspendió garantías constitucionales. El régimen se propuso reorganizar el país en lo político, económico y social bajo un gobierno de facto.
Durante la dictadura se implementó un sistema represivo ilegal que incluyó detenciones sin orden judicial, centros clandestinos de detención, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos. Organismos nacionales e internacionales documentaron miles de casos de personas desaparecidas, lo que convirtió a este período en uno de los más graves de la historia argentina.
En el plano económico, el gobierno militar impulsó un programa de apertura financiera y reforma del Estado. La política dirigida por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz buscó reducir la inflación y modificar la estructura productiva, pero generó un fuerte aumento del endeudamiento externo y una caída de la industria nacional.
El plan económico, realmente, era de una improvisación nunca antes vista en la historia nacional, aunque se vendía como una sesuda tesis de corte liberal. La deuda externa creció de manera significativa entre 1976 y 1983, mientras que el desempleo y la pobreza comenzaron a aumentar. Diversos estudios económicos posteriores señalaron que el modelo aplicado produjo desequilibrios que condicionaron la economía argentina durante décadas.
El deterioro del régimen se profundizó a comienzos de la década de 1980. La crisis económica, el descontento social y la falta de legitimidad política debilitaron al gobierno militar. En 1982, la decisión de ocupar las Islas Malvinas derivó en la guerra contra el Reino Unido, que terminó con la derrota argentina y aceleró el fin de la dictadura.
Tras la guerra, el gobierno de facto convocó a elecciones. En 1983 se restableció el orden constitucional con la asunción de Raúl Alfonsín, lo que marcó el inicio del período democrático más prolongado de la historia argentina.
