El Gobierno otorga a la Cancillería la autoridad para sancionar actividades no autorizadas sobre recursos en Malvinas.
El Gobierno argentino, mediante el Decreto 868/2026, ha designado a la Cancillería como autoridad encargada de aplicar la Ley 26.659, que impone sanciones a quienes realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental sin la debida autorización.
La normativa establece que todos los organismos de la Administración Pública deben informar a la Cancillería sobre cualquier hecho que pueda violar esta ley, y se define un procedimiento claro para la apertura de sumarios en caso de infracciones.
Además, se reafirma la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, enfatizando la obligación del Estado de recuperar el control pleno y respetar los derechos de los habitantes locales, en consonancia con los principios del derecho internacional.
